7/13/2009

EN EL AIRE

Al gobierno venezolano le encantan las comunicaciones en la medida que difundan la información oficial. Bajo su óptica, informar es sinónimo de propaganda y los medios se dividen entre bocas abiertas a favor de la revolución y bocas a cerrar si están en contra. Ante la crítica al gobierno no le bastan oídos sordos, por ello, cada día su mensaje es más claro: si no me gusta lo que veo, te saco los ojos.

Al igual que sucedió con la prensa y la televisión, ahora llegó  el turno a la radio. Con el argumento de que existe un latifundio radiofónico, los circuitos serán desmantelados para democratizar el espectro y entregar las señales a las comunidades. Quizás convenga enunciar lo anterior de forma más directa: el gobierno le quitará a los empresarios las emisoras para dárselas a sus militantes. Como sucede con toda regla, seguramente veremos unas cuantas excepciones: si el empresario transmite en rojo deberá enarbolar muy en alto su bandera y el perdón le será concedido. 

Para los radiodifusores independientes el mensaje llega nítido: tu empresa depende de una concesión. Y ya sabes quien la otorga, renueva, y sobre todo, quien la revoca.

La movida no es casual. En los últimos años la radio se convirtió  en el medio más dinámico, participativo y abierto del país. Su penetración en el público, su inmediatez en la información, su capacidad para dar voz a las denuncias y esperanzas de la audiencia, abriendo los micrófonos a diversas opiniones, la convirten en un medio incómodo. Así que llegó el momento de doblar antenas y Diosdado Cabello está en camino de lograrlo. La Asamblea solo espera por instrucciones.

Si algo debe reconocérsele a la administración Chávez es su capacidad de pervertir los procesos. La regulación del espectro radioeléctrico, incluyendo las posiciones monopólicas, es un deber del estado. Y por esencia, la radio es un medio local, así que fortalecer la participación comunitaria es muy importante. Pero entonces vienen los peros. Porque una cosa es regular con objetividad y otra muy distinta es gobernar arbitrariamente. Al crear y aplicar las leyes con intenciones político-partidistas se pervierte el mandato constitucional, violando los derechos de unos para favorecer a otros.

Pero a la administración Chávez estas sutilezas le tienen sin cuidado. Las oportunidades de ejercer el poder están en el aire y el gobierno tiene muy claro que debe controlar su vuelo. 

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